M. J. PEREIRA.SEVILLA
La videovigilancia no sólo tiene que respetar el derecho a la intimidad recogido en la Constitución Española, sino que está sujeta a la Ley de Seguridad Privada 23/1992, la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos y una Instrucción de la Agencia Española de Protección de Datos.
No informar de las zonas videovigiladas por parte de empresas y organismos es una infracción leve recogida en la Ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999 y puede ser sancionado con multas de entre 600 y 60.000 euros. Las infracciones graves de la citada Ley conllevan sanciones de hasta 600.000 euros.
La Agencia de Protección de Datos aprobó en diciembre de 2006 una Instrucción para garantizar ... leer mas
